Orange se prepara para detallar su plan de cierre de la red de telecomunicaciones de cobre, de las que 21,5 millones de líneas siguen en uso en Francia. El operador se dará hasta 2030 para desactivar esta red, recuperar las líneas y cambiar de abonado a fibra óptica. Varias razones se esgrimen para este desmantelamiento de una infraestructura que tiene medio siglo de existencia.
Razones tecnológicas por un lado ya que si el cobre pudo abrir paso a una mayor velocidad con el ADSL, no es más tamaño frente a la fibra óptica cuyas capacidades se volvieron cruciales para los servicios en línea y a fortiori cuando son compartida por toda una familia. Entonces la interconexión entre la vieja y la nueva generación de red es compleja y costosa, explica Michel Combot, gerente general de la Federación Francesa de telecomunicaciones, en El mundo : “ Pagar por dos redes es una herejía económica «.
Razones económicas también para esta tecnología que pesa 500 millones anuales en los gastos operativos de Orange. Está ese coste de la interconexión pero también el del gasto energético -tres veces superior para el cobre ADSL frente a la fibra- o incluso el coste del suelo de miles de centrales telefónicas. Por el contrario, la desagregación -facturada a otros operadores- le reporta a Orange unos 2.000 millones anuales, aunque la cuantía va disminuyendo a medida que aumenta la carga de fibra (13 millones de abonados sobre 32 millones de viviendas preparadas para recibirla).
El proyecto tal y como lo presenta hoy Orange prevé una extinción por regiones y por etapas hasta 2030. Hará falta pedagogía para explicar la inexorabilidad de este cambio a ciertos abonados -y más aún a los que no tienen móvil- que están perfectamente satisfechos con su línea de cobre o una suscripción ADSL. Sabiendo que además la fibra estará sujeta al riesgo de cortes de energía, a diferencia de la antigua línea de cobre y su teléfono al final.
También podría ser una oportunidad para una competencia renovada en la búsqueda de nuevos suscriptores de fibra, sin mencionar las estafas que este tipo de cambio importante seguramente generará.
Quedan otras preguntas sin respuesta, como el futuro del servicio universal de comunicaciones electrónicas. Orange no está obligada a hacerlo desde 2020, pero había prorrogado esta obligación de servicio hasta 2023. Por último, está el coste del desmantelamiento de la red de cobre. Una carga financiera de la que otros operadores no quieren ni oír hablar —podría ser un aumento temporal de la tasa de desagregación, como ha sugerido Arcep—, que creen que la red de Orange les toca cubrir tanto los costes de mantenimiento como el coste de eliminación hasta el final.
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